Las reacciones a la decisión del Gobierno central, que concibe el futuro Centro Nacional de Ciberseguridad como un departamento administrativo para el que no es necesario asignarle una ubicación física, no se han hecho esperar. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga han acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “cambiar de criterio ” para no darle la sede este érgano tecnológico a la capital malagueña, que al igual que León se había postulado para albergarlo. Incluso, el asunto ha llegado al Parlamento de Andalucía y el consejero andaluz de la Presidencia, Antonio Sanz, ha mostrado durante una intervención parlamentaria una memoria económica de ese proyecto para contradecir al Ejecutivo nacional y defender que inicialmente sí iba a tener ubicación física. “Todo es para dañar a Andalucía, todo para impedir que Málaga sea quien tenga la sede”, manifestó Sanz en la cámara autonómica.
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