España parte de una posición sólida
El informe destaca la posición de liderazgo de España en despliegue de fibra óptica y conectividad 5G dentro de Europa. Actualmente, el país cuenta con una cobertura 5G del 96% de la población y una cobertura de fibra que alcanza al 95% de los hogares.
No obstante, el documento subraya que el verdadero desafío comienza ahora: densificar las redes, extender las capacidades avanzadas del 5G SA, modernizar infraestructuras y preparar el ecosistema para tecnologías como el 6G, cuya llegada comercial se prevé para 2030.
El informe también pone el foco en la necesidad de avanzar hacia una conectividad extremo a extremo que integre fibra, redes móviles, satélites, edge computing, centros de datos y cables submarinos como parte de un ecosistema digital resiliente y coordinado.
Impacto directo en industria, sanidad y servicios críticos
El análisis recoge numerosos casos de uso reales y futuros donde la conectividad avanzada actuará como habilitador de productividad, sostenibilidad y nuevos modelos de negocio.
27 casos de uso aplicados a
- Transporte
- Industria
- Eventos masivos
- Salud
- Energía
- Defensa, seguridad y emergencias
- Ciudades inteligentes
En industria, las redes privadas 5G permitirán fábricas inalámbricas más flexibles, automatizadas y resilientes, capaces de integrar robótica móvil, inteligencia artificial y sistemas de producción en tiempo real.
En sanidad, las nuevas infraestructuras harán posible cirugías remotas, monitorización continua de pacientes, telemedicina avanzada, inteligencia artificial clínica o gemelos digitales sanitarios, apoyados en redes seguras y de baja latencia.
El informe también analiza el papel estratégico de los satélites y de los cables submarinos, cada vez más relevantes para garantizar soberanía digital, resiliencia geopolítica y capacidad de interconexión global. España, por su posición geográfica, se consolida como uno de los grandes hubs de conectividad del sur de Europa.
Una llamada a actuar de forma coordinada
DigitalES concluye que la próxima década exigirá planificación a largo plazo, marcos regulatorios predecibles y una colaboración público-privada mucho más estrecha para acelerar despliegues, atraer inversión y garantizar infraestructuras sostenibles y seguras.
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