Adolescencia Libre de Móviles (ALM), la iniciativa ciudadana que aboga por retrasar la edad de entrega del primer teléfono móvil a niños y adolescentes, valora “los pasos dados” en varias comunidades autónomas para regular el uso de estos dispositivos en los centros educativos, pero pide suprimir su utilización con “fines pedagógicos”. Así lo ha explicado el movimiento ciudadano, que ha destacado que, en los últimos tres meses, Aragón, Murcia, Andalucía, Cataluña y Canarias han establecido medidas para limitar el uso de estos dispositivos en centros educativos, sumándose a Castilla-La Mancha, Galicia, la Comunidad de Madrid y Castilla y León, que ya disponían de una normativa específica en esta materia. En este sentido, Adolescencia Libre de Móviles confía en que “este cambio de tendencia se extienda próximamente a otros territorios”, así como aplaude que “la mayor parte de las normativas autonómicas hagan mención expresa a una prohibición de acceso y uso del móvil en Primaria”. No obstante, lamenta que no ocurra lo mismo en la etapa de educación Secundaria. Según ha apuntado la organización, las nueve regulaciones existentes hasta la fecha dejan la puerta abierta al uso de este tipo de dispositivos por parte de los alumnos para “fines didácticos”, si el profesorado o el centro educativo así lo consideran, por lo que “los teléfonos móviles podrán seguir entrando en los institutos en determinadas circunstancias”. “Estos fines pedagógicos suponen un coladero que bajo ningún concepto está justificado en los entornos escolares. Carecen además de todo sentido por tratarse de herramientas que no proporcionan los centros, incumpliendo la Ley Orgánica de Educación, en la que se prohíbe expresamente que los centros puedan adoptar innovaciones pedagógicas si éstas suponen discriminación de cualquier tipo o aportaciones de las familias”, ha argumentado. En este sentido, ha alertado de que la posibilidad de que los docentes pidan el móvil a sus alumnos “amparándose en supuestos fines educativos contribuye a generar desigualdades entre menores y entre centros educativos, con institutos libres de móviles y otros que no lo son, y deja desamparadas a aquellas familias que deciden retrasar la entrega hasta los 16 años”. A su juicio, estudios como el realizado por la Universidad de Chicago en 2017 (Brain Drain: The Mere Presence of One’s Own Smartphone Reduces Available Cognitive Capacity) “demuestran que el simple hecho de llevar el móvil encima, aunque sea en modo apagado, distrae la atención de los menores”. Adolescencia Libre de Móviles dice no tener constancia de investigaciones que indiquen “un mayor desempeño por parte del alumnado gracias al uso del teléfono inteligente en clase” y anima a los institutos a revisar sus normativas de funcionamiento (NOFC), y que éstas hagan mención expresa a una restricción total del acceso del smartphone a estos espacios. Adolescencia Libre de Móviles ha lanzado una encuesta a través de todos sus grupos territoriales y trazará una hoja de ruta estatal en base a los resultados que se obtengan, que se darán a conocer en las próximas semanas. El movimiento está también inmerso en la difusión de la Plataforma Docente, creada por el grupo de Málaga y dirigida a todos los maestros y centros educativos conscientes de los efectos del uso precoz de este tipo de dispositivos en la infancia y adolescencia. La iniciativa ciudadana surgió en Poblenou (Barcelona) el pasado mes de noviembre con el objetivo de unir a todas aquellas familias interesadas en retrasar la edad de entrega del primer smartphone a sus hijos hasta los 16 años. Desde entonces, según ha detallado, 30.000 personas de toda España se han unido a uno de los casi 200 grupos creados en Whatsapp y Telegram, en los que se plantean actuaciones de concienciación y se promueve un pacto social.
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